La excelencia de la Administración Pública: una responsabilidad que debe gestionarse

Cada 23 de junio Naciones Unidas realiza un concurso para premiar la excelencia en la Administración Pública. En su web exponen lo siguiente: “Mediante un concurso anual, el programa promueve la función, la profesionalidad y la visibilidad de la administración pública, estimula la excelencia en un servicio público ejemplar y reconoce que la democracia y la buena gobernanza se basan en una administración pública competente.”

Las administraciones públicas son las entidades centrales, autonómicas y locales, regidas por el Estado y encargadas de gestionar las necesidades y requerimientos de los organismos públicos. En España a los trabajadores de la Administración Pública se los conoce como funcionarios.

Desgraciadamente, la reciente crisis y los recortes procedentes han ocasionado que el número de empleados públicos se reduzca exponencialmente. Algunos estudios indican que desde 2010 España ha perdido alrededor de 80 empleados de esta categoría por día, es más, la cantidad de funcionarios en julio de 2015 era bastante menor comparada con la de años anteriores.

Frente a este panorama, es fundamental motivar a los trabajadores, ya que alcanzar un puesto de tal escala es mucho más complicado que acceder a cualquier cargo privado; de ahí a la entrega de premios por Naciones Unidas, con lo que además se intenta fomentar la eficacia profesional.

Estos premios se dividen en 5 categorías.

1. Prevención y lucha contra la corrupción en la administración pública.
2. Mejora de la prestación de servicios públicos.
3. Fomento de la participación en la adopción de decisiones sobre políticas mediante mecanismos innovadores.
4. Promoción de la gestión de los conocimientos en las instituciones de gobierno.
5. Promoción de la incorporación de la perspectiva de género en la prestación de servicios públicos.

Ahora bien, para que estos aspectos puedan llevarse a cabo eficazmente, es fundamental realizar una gestión del riesgo dentro de la Administración Pública que se adapte a cada sector y al contexto de su organización. Por ello identificar los riesgos a priori es una estrategia necesaria para poder reducir el número de siniestros y posibilitar la eficacia en las entidades públicas.

Además, la Administración tiene el deber de indemnizar a las personas afectadas por daños en sus bienes y derechos. Las reclamaciones que pueden hacerse son las siguientes:

• Por daño personal
• Por daño material
• Por prejuicios consecuenciales
• Por daños patrimoniales primarios

La actuación de los funcionarios requiere una importante responsabilidad y un comportamiento eficiente, ya que un acto imprudente podría ocasionar grandes daños no solo para la persona responsable, sino para la institución en la que trabaje. Por este motivo, una gestión adecuada de los posibles riesgos es una tarea muy importante que además de proporcionar estabilidad económica ayuda a alcanzar otros objetivos de tipo político, social e incluso medioambiental, que posibilitan el buen funcionamiento de estas entidades.